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Piura (22/10/2025). El Gobierno del Perú oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de treinta días, medida que entra en vigor desde las 00:00 horas de hoy. La disposición, publicada mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, busca enfrentar el incremento de la violencia, los homicidios, la extorsión y el tráfico ilícito de drogas en ambas jurisdicciones.
Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas específicas de intervención serán determinadas en función de reportes de inteligencia y mapas del delito. El Ejecutivo, encabezado por el presidente José Enrique Jerí Oré, argumenta que la decisión responde al “grave deterioro de la seguridad ciudadana” en la capital y el primer puerto.
Entre las principales medidas adoptadas figuran la restricción de visitas en los penales de Lima y Callao, que se limitarán a una por semana o quincena —según el régimen penitenciario— y exclusivamente para familiares directos. Asimismo, se ordenó el retiro de antenas de telecomunicaciones ilícitas, el control del suministro eléctrico en celdas y la fiscalización masiva de armas, explosivos y productos pirotécnicos.
Las fuerzas combinadas, integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo, intensificarán los operativos de control territorial y patrullajes en zonas críticas, además de realizar controles de identidad, inspecciones vehiculares y operativos en inmuebles sospechosos.
El decreto también dispone acciones de control migratorio, decomiso de autopartes ilegales y suspensión de líneas telefónicas vinculadas a delitos como extorsión o secuestro. De igual modo, se prohíbe la circulación de dos adultos en motocicleta y se ordena la retención de vehículos con placas o documentos irregulares.
Durante el periodo de emergencia, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los comités distritales y regionales, y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) permanecerán en sesión permanente. Se conformarán además comités operativos, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, encargados de coordinar acciones y reportar los resultados al Ejecutivo.
El financiamiento de las medidas provendrá de los presupuestos institucionales existentes y de recursos extraordinarios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. El decreto fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.
